Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México

ICG

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas - ““El clamor por seguridad es legítimo. Pero la justicia es mejor servida a través de las instituciones oficiales de seguridad y justicia, que por medio del cañón de armas privadas “

““El clamor por seguridad es legítimo. Pero la justicia es mejor servida a través de las instituciones oficiales de seguridad y justicia, que por medio del cañón de armas privadas “ – Mark Schneider, vicepresidente senior y asesor especial para América Latina de Crisis Group

El último boletín informativo de Crisis Group: Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México, examina la rápida expansión producida este año de grupos armados civiles que reclaman luchar contra el crimen. A pesar de que muchos de ellos están conformados por ciudadanos bien intencionados y que han detenido a cientos de sospechosos, su existencia desafía el monopolio básico del gobierno respecto al uso de la fuerza y la impartición de justicia, y algunos de ellos tienen sus propios vínculos con los carteles.

Los principales hallazgos y recomendaciones de este boletín informativo son los siguientes:

  • El epicentro de estos grupos está en Michoacán y en un segundo estado de la costa Pacífica, Guerrero. Miles de hombres han participado en una diversidad de organizaciones armadas. Esto ha coincidido con protestas contra reformas del gobierno, incluyendo bloqueos de carreteras y saqueos de camiones que transportan alimentos, lo que es además parte de un desafío más amplio a la autoridad del estado. La reciente ofensiva de seguridad en el estado de Michoacán demuestra los límites de la militarización de las políticas contra los carteles de la droga.
  • El crecimiento y proliferación de estas milicias en los próximos años podría llevar a algunas zonas del país a quedar por fuera del control de la ley y el orden oficiales. Preocupa además que algunos de estos grupos sean utilizados por grupos criminales para luchar contra sus rivales y para controlar territorios.
  • El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto necesita una política coherente sobre este fenómeno, de modo que pueda trabajar con proyectos legítimos de policía comunitaria, particularmente en las comunidades indígenas, mientras detiene la continua expansión de los grupos armados no regulados. Esto requiere además demostrar que el estado tiene suficiente capacidad para restaurar la ley y el orden por si mismo.
  • Hay algunas señales que indican que las milicias pueden ser contenidas. Muchas unidades de policía comunitaria no desean ser asociadas con los grupos más violentos y pueden estar preparadas para ser reguladas voluntariamente. Los acuerdos de algunos de los líderes de estos grupos y gobernadores muestran que es posible alcanzar su desarme voluntario. Si el gobierno formula una política coherente, las milicias no necesitan constituirse en una característica estructural del paisaje nacional.

“La policía comunitaria puede contribuir positivamente a luchar contra la inseguridad, pero solo si es legal y trabaja con el gobierno”, afirma Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group. “Los grupos que toman la ley en sus manos solo agregan más violencia y pueden ser usados por las organizaciones criminales para sus propios objetivos”.

“El clamor por seguridad es legítimo”, dice Mark Schneider, vicepresidente senior y asesor especial para América Latina. “Pero la justicia es mejor servida a través de las instituciones oficiales de seguridad y justicia, que por medio del cañón de armas privadas”.